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La cabeza de Ramón Jesurún estaría en riesgo; ¿qué sigue?

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De las nueve personas vinculadas a la Federación Colombiana de Fútbol en 2015, cuando se firmó el contrato con Ticket Shop, y que ayer fueron multadas por la Superintendencia de Industria y Comercio, cinco aún están en esa entidad: el presidente, Ramón Jesurún; el segundo vicepresidente, Álvaro González; los vocales Elkin Arce y Claudio Cogollo y el asesor jurídico Andrés Tamayo.

En caso de que se confirme la sanción, Jesurún podría perder el cargo, de acuerdo con lo que dice el decreto 1228 de 1995, que regula algunos aspectos de la ley del deporte. En él se faculta a los organismos de vigilancia y control para “solicitar a los tribunales competentes deportivos la suspensión o el retiro del cargo, de los miembros de los organismos deportivos, cuando se establezca la violación grave de las normas legales, reglamentarias y estatutarias que los rigen”.

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Si Jesurún deja la presidencia, los estatutos de la Federación establecen que el vicepresidente de la división profesional asume el cargo. Es decir, lo reemplazaría la actual cabeza visible de la Dimayor, Jorge Enrique Vélez. Sin embargo, este último ha tenido múltiples cuestionamientos en las últimas semanas debido a inconvenientes con su gestión, particularmente, con el contrato de derechos de TV internacional y con la firma que iba a hacer las pruebas de covid-19 a los integrantes de los clubes antes de reiniciar el fútbol profesional.

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Esta sanción es un capítulo más de la crisis que vive el fútbol colombiano, sin actividad desde el pasado 12 de marzo y con grandes dificultades económicas, a tal punto de que el patrocinador principal de la Liga, BetPlay, y el canal oficial, Win Sports, están buscando la posibilidad de renegociar sus contratos.

La FCF emitió un comunicado en el que volvió a señalar que había irregularidades en la investigación y que se va a recurrir el fallo. Si es el caso, dice el documento, se llegará hasta el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Cabe recordar que la semana pasada, el Consejo Superior de la Judicatura abrió una investigación disciplinaria contra los dos últimos superintendentes de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo y Andrés Barreto, y al superintendente delegado para la Protección de la Competencia, Juan Pablo Herrera, tras una queja presentada por Jesurún.

Quien mostró su inconformismo por la sanción que recibió fue Jorge Fernando Perdomo, quien para la época era vocal en el comité ejecutivo. Posteriormente fue presidente de la Dimayor. Perdomo negó cualquier responsabilidad en el tema. “La sanción me parece injusta y desproporcionada, pues yo no tuve nada que ver”, dijo Perdomo a Citynoticias.

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“En el comité ejecutivo hay que identificar dos grupos que cumplen distintos roles: uno, para la época, Bedoya, Jesurún y González. Todas las declaraciones dan cuenta de cómo se entregó información privilegiada a Rendón y se repartieron 3.000 millones para asegurar el resultado. El otro, el de los vocales, Hernández, Cogollo, Arce y Perdomo, quienes no hicimos parte del estudio de las propuestas y a quienes nos presentaron un informe en el que la mejor propuesta era la de Ticket Shop”, explicó Perdomo, quien en su momento llevó el caso a la Fiscalía.

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